Equipo Redagrícola

Con alertas y preocupaciones por los efectos que podría tener en su disponibilidad para la agricultura, se desarrolló este miércoles el seminario “Usabilidad del agua bajo la Nueva Constitución: consecuencias para el agro“. Organizado por la organización de productores Fedefruta, la discusión abordó los alcances del borrador de la Constitución en la industria agrícola, así como las consecuencias que podrían traer las normas transitorias sobre la eventual caducidad de los derechos de aguas, uno de los aspectos más polémicos de los convencionales.

Uno de los expositores principales fue el convencional por el distrito 28, Rodrigo Álvarez, militante UDI, ex diputado y ex ministro de energía de Sebastián Piñera. En su presentación, afirmó que el agua como tema político, económico, social y jurídico, “fue y estuvo presente en todos los discursos y en todas las intervenciones de estos diez meses. Por lo tanto, es un tema extraordinariamente complejo”. Por lo mismo, señala, “la propuesta que hace la Convención Constitucional, creo que tiene consecuencias gigantescas para ustedes y para su mundo, a mi modo de ver”.

Uno de los puntos principales que se trataron fue que el agua, como bien, cambia su categoría jurídica hacia la nueva categoría de “bienes comunes naturales”, que incluye además al aire, los glaciares, las montañas, el mar, entre otros. Con ello, pasan a ser bienes inapropiables e incomerciales. “El agua pasa en todas sus fases a ser un bien común natural, por lo tanto es una categoría distinta a la bien nacional de uso público que tiene el código civil, y lo relevante son las consecuencias de esta categoría”, señala Álvarez.

El convencional UDI comentó al respecto que “si alguno tuviera una autorización de agua, esta no puede comercializarse o transarse, no puede darse en garantía; esa autorización simplemente -como dice la propuesta-, ‘otorga al titular el uso que justificó su otorgamiento’, como por ejemplo regar, pero no puedo entregarla o comercializarla o darla en garantía. Entonces ese es el primer gran elemento de cambio”, comenta.

“Si alguno tuviera una autorización de agua, esta no puede comercializarse o transarse, no puede darse en garantía”.

Rodrigo Álvarez, Convencional constituyente

Otro de los puntos destacados es que los derechos de aprovechamiento -o derechos de agua como son tradicionalmente conocidos-, se transformarían en autorizaciones de uso. En ese sentido el convencional por la región de Magallanes señaló que “bajamos varios escalones en la categorización jurídica, porque ahora lo que van a tener es -a lo más- es una autorización de uso, si lo consiguen con la Agencia Nacional del Agua, que es temporal, caducable, y está dentro del marco de los permisos, no de los derechos. Esto es un cambio gigantesco que se da en esto y en otras áreas de la constitución”.

AGENCIA NACIONAL DEL AGUA

El tercer punto que destacó Álvarez es el cambio de la institucionalidad, ya que se crea la Agencia Nacional del Agua como órgano autónomo con personalidad jurídica, con patrimonio, y por otro lado también se crean los Consejos de Cuencas, que estarían integrados por al menos 3 grupos: los autorizados a usar el agua, la sociedad civil, y las entidades territoriales que tienen competencias en esta materia, que es donde pasarían a tomar protagonismo las nuevas regiones autónomas.

Pero donde puso la lupa el convencional fue en las normas transitorias, que se están votando en la convención, y que servirán de empalme entre la carta vigente y el nuevo texto en caso de que se apruebe.

En ese sentido, Álvarez destacó tres normas, especialmente la 165, ya que apunta a que con la entrada en vigencia de la nueva constitución, todos los derechos de aprovechamiento se considerarán para efectos legales sólo una autorización de uso de agua. “Yo me opondré a esta norma, porque esta es la expropiación más grande que hemos visto en muchos años”, describe, añadiendo que “estamos quitando características esenciales al dominio de los derechos del agua, y si esto se aprueba, pasa a entrar en vigencia desde la entrada en vigencia de la nueva constitución”.

Otra de las normas transitorias descritas fueron la que da plazo de 6 meses al presidente para que envíe al congreso el proyecto que crea la Agencia Nacional de Agua y el Consejo de Cuencas. Esta es sería la nueva institucionalidad, la que reemplazaría a la Dirección General de Aguas (DGA). Otra de las normas -independiente de la institucionalidad-, ordenaría de forma gradual, progresiva pero “con sentido de urgencia” el proceso de redistribución de los caudales y de las cuencas.

“Estos mecanismos me parecen muy radicales y se olvidan la necesidad de un crecimiento sustentable en nuestro país, e incluso para poder financiar los 112 derechos sociales que está consagrando esta carta fundamental”, cerró Álvarez.

LAS DUDAS CON LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS

José Luis Arumí, académico de la Universidad de Concepción y miembro de la agrupación JuntosXelagua, señaló en la instancia organizada por Fedefruta que “hay muchos aspectos de la nueva constitución que se pueden compartir y en que muchos estamos de acuerdo como la prioridad para el consumo humano, pero que debemos proteger las cosas buenas que tenemos”, entre ellas, las Organizaciones de Usuarios de Aguas (OUA), de las que se declaró un ferviente defensor.

El Dr. Arumi, cuyas líneas de investigación han incluído estudios en procesos hidrológicos en ecosistemas”, respecto a la organización de aguas que rige actualmente, que contemplan organizaciones de usuarios que se han mantenido en el país por siglos, señaló que “si tenemos un sistema que funciona bien, el hecho de que esté amenazado por este cambio constitucional es preocupante”, destacando que han permitido que se “resuelvan problemas antes de que lleguen al sistema judicial, y ahí se me genera el ruido de que no se reconoce la labor silenciosa que ellos hacen”.

Su alerta además está en la “bajada de la constitución” o su implementación ya que podría dejar sin sustento legal a las Organizaciones de Usuarios de Aguas, lo que “levanta la duda de qué vamos a hacer con los 150 mil kilómetros de canales que tenemos en Chile, que se administran públicamente por estas mismas organizaciones”.