La existencia de más de 10.000 sitios con alta probabilidad de contaminación en Chile —de los cuales 2.786 están abandonados— revela una deuda ambiental de proporciones, que se extiende a través de la minería, la agricultura, la infraestructura y el desarrollo inmobiliario. Esta realidad no solo degrada el territorio, sino que también fractura la relación de confianza con la ciudadanía.

La remediación de pasivos ambientales no es un gasto, sino una inversión estratégica. Es una herramienta poderosa para recuperar la legitimidad social y habilitar terrenos para proyectos clave, como la vivienda social, la infraestructura pública y una agricultura más resiliente. Al sanear estos suelos, se reduce la incertidumbre técnica y jurídica de los proyectos futuros, facilitando su financiamiento y promoviendo inversiones con una sólida legitimidad social.

Para lograr una gestión efectiva, la normativa chilena debe ser proactiva y orientadora. Más que fijar valores estándar, debe exigir y promover el uso de Modelos Conceptuales de Sitio (MCS). Estos modelos permiten diseñar intervenciones específicas y proporcionales al riesgo de cada lugar. Al utilizarlos, podemos priorizar las acciones, definir objetivos de saneamiento alcanzables y justificar técnicamente las medidas necesarias para proteger la salud humana y el medio ambiente.

Las técnicas de remediación disponibles, como la fisicoquímica, la biorremediación y la fitorremediación, generan evidencia concreta sobre el avance del saneamiento. Por ello, es crucial que el diseño regulatorio incorpore criterios de seguimiento por líneas de evidencia, junto a indicadores de desempeño y metas realistas.

La legitimidad se construye cuando todas las partes interesadas —comunidades, autoridades y tribunales— comprenden el problema, reconocen el rigor científico aplicado a la caracterización y aceptan los criterios de gestión propuestos.

La megatoma de San Antonio es un ejemplo claro de cómo la falta de suelos urbanos habilitados puede derivar en ocupaciones informales masivas. Nos obliga a preguntarnos: ¿cuántos de esos terrenos podrían recuperarse con una normativa clara que combine estándares, financiamiento y planificación? La reparación del vínculo entre los sectores productivos y la comunidad exige transparencia, participación temprana y mecanismos de gobernanza que integren a actores locales, técnicos y reguladores.

Para garantizar un beneficio ambiental neto de las intervenciones, es fundamental priorizar tecnologías de bajo consumo energético y procesos que minimicen los residuos secundarios. Incluir criterios de eficiencia energética y huella ambiental en los protocolos de remediación no solo mejora la aceptación social y reduce costos a largo plazo, sino que también alinea la gestión de suelos con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 sobre producción y consumo responsables.

Aprobar una Ley Marco de Suelos que integre todos estos elementos —Modelos Conceptuales de Sitio, metas técnicas defendibles, seguimiento basado en evidencia y criterios de eficiencia— permitirá transformar pasivos en activos estratégicos. De esta forma, la remediación será una acción justificable y defendible que habilite el futuro, garantice protección sanitaria y ambiental, y fomente inversiones con legitimidad social.