La productividad en Chile está estancada por lo menos desde 2015. O incluso, si se miran algunas medidas, se podría hablar desde una década antes. Eso llevó al país de pasar a liderar este índice en la región, a caer al tercer lugar tras Uruguay y Panamá.

“Esto es algo que tiene que preocuparnos, porque este estancamiento significa que un año sube 0,5% la productividad, otra baja 0,2%, y es importante decir que este estancamiento no es el resultado de un gobierno, sin perjuicio de que uno pueda estar más de acuerdo o menos de acuerdo con políticas en un gobierno de otro. Pero no es culpa de un gobierno, esto ya tiene una larga data”, señala a Redagrícola el economista Raphael Bergoeing,
presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad.

El experto, académico de la Universidad de Chile y que también se ha desempeñado como superintendente de Bancos y presidente del Metro de Santiago, lidera a la comisión -que es una entidad independiente creada por Decreto de Ley en 2015, que busca identificar las brechas productivas del país, y además entregar propuestas para
que el país salga de la inmovilidad productiva.

Bergoeing señala -como aspecto positivo-, que actualmente hay un diagnóstico compartido entre especialistas y que, entre otras cosas, Chile está en la senda correcta al haber creado una institución como la Comisión en el gobierno de la presidenta Bachelet y que se haya mantenido hasta hoy, e incluso en el actual gobierno se busca fortalecer.

Pero, ¿por qué es tan importante que Chile recupere la senda de productividad? De acuerdo al experto, la productividad es la única manera que se conoce en economía de generar prosperidad sustentable, dado los desafíos que tiene el mundo hoy.

“Países como Alemania, que tienen tres veces nuestro ingreso por persona, trabajan menos que nosotros e invierten menos que nosotros y trabajan mucho menos que nosotros. Los alemanes trabajan 600 horas menos al año que los chilenos, según promedios de la OCDE, e invierten un par de puntos menos del producto”.

Añade que como trabajan menos, liberan tiempo para ocio, y como invierten una proporción menor del producto, liberan plata para consumo, entonces reciben tres veces el ingreso por persona, trabajando 30% menos e invirtiendo tres puntos menos del PIB, “si eso no es prosperidad, no sé cómo llamarlo”.

Destaca que la importancia de que despegue por fin la productividad en Chile tendría implicancias directas en el crecimiento del país, porque la productividad es en proporción de 1 a 1 con el alza de la economía, entonces “dos puntos más de productividad significarían dos puntos más de crecimiento. Y Chile, en vez de tener una estimación de crecimiento a diez años del Banco Central de 2%, tendríamos una de 4%”, explica.

En ese sentido, señala que si Chile sigue creciendo al 2% -si se cumplen las estimaciones del Banco Central-, “vamos a ser la España de hoy en 2089, mientras que creciendo al 4%, seríamos la España de hoy en 2038, y seríamos Alemania de hoy el 2051, siempre que crezcamos al 4%”.

Por eso, señala la importancia de destrabar las brechas que impiden mejorar en productividad, porque “podríamos ser como España 50 años antes, y Alemania sólo una década después”.

¿CÓMO DAR EL SALTO?

De acuerdo a Bergoeing, la clave está en tratar de emular la capacidad que tienen los países avanzados de trabajar menos e invertir menos, para generar más valor agregado, porque la productividad, apunta, es la capacidad de sacar más valor agregado por hora trabajada, complementada con tecnología.

“Si uno se proyecta hacia adelante, me da lo mismo que el próximo presidente sea de centro, izquierda o derecha. La presión natural de la sociedad va a ser a tener más prosperidad y la prosperidad es bajar aún más la jornada laboral, liberar aún más tiempo para consumo y ser aún más exigente con las inversiones”, explica.

Destaca que Chile ya ha hecho un trabajo destacado que le ha permitido tener viento de cola, como tener un Banco Central autónomo o una regla fiscal, que garantiza cierta prudencia en el gasto público y dificulta la capacidad de cualquier gobierno de inflar la economía con fines de corto plazo. 

Pero ahora viene la parte compleja, que es saltar a ver los listados con propuestas. “Hay listados ilimitados de recomendaciones microeconómicas que individualmente son insignificantes, pero que en conjunto explican por qué nos hemos quedado atrás. Y eso es más complicado, porque si son muchas, significa que es menos atractivo ‘venderlas’ a los legisladores”, detalla Bergoeing.

Y si bien da la sensación de que no se sabe muy bien qué tiene que hacer el país, subraya que la CPC, principal gremio empresarial del país, ya ha elaborado un listado con 120 medidas, mientras que en la Comisión de Productividad han hecho 520 propuestas en 5 años de trabajo, y eso considerando que sólo han estudiado apenas tres sectores que son minería, construcción y telecomunicaciones.

“Probablemente cuando nos metamos en los otros sectores como agricultura, van a aparecer 20, 30, 50 recomendaciones más por sector”.

-¿Es un problema tener tantas propuestas para ir resolviendo los nudos?

-El problema cuando tenemos un listado largo y como son barreras microeconómicas que muchas veces impiden que el mercado funcione en su máximo potencial, entonces involucra cambiar en alguna dimensión algo que a alguien le va a doler, como por ejemplo la reforma a los notarios, que mejora la eficiencia, pero en el mundo de los notarios va a perder. Lo mismo el cabotaje o transporte marino, donde perderían los camiones. Cuando tú haces reformas micro, todas están en un sector y tipo de empresa particular, o involucra un tipo de trabajador. Y ahí está el típico problema de economía política, de cómo logras convencer a un determinado grupo que lo que les va a afectar negativamente hoy, es para que el país esté mejor mañana. Ahí hay un desafío de los gobiernos de implementar estas cosas en democracia, haciéndose cargo también de la transición y de las eventuales compensaciones particulares, para así “comprar el desarrollo”, por decirlo en un buen sentido.

-¿Entonces esta es una labor ingrata, de largo aliento?

-Yo tengo una opinión de vaso medio lleno con respecto a lo que está pasando hoy, porque la Comisión existe, fue creada por la presidenta Bachelet, fue ratificada por el presidente Piñera y a través de un proyecto desde el Ministerio de Hacienda, está tratando de convertirse en una institución con cuerpo legal, en el Gobierno del presidente Boric, entonces el famoso debate de extremos aquí no existe. Hay un diagnóstico súper compartido y cada vez que la Comisión tiene que ir al Congreso a presentar, la aproximación de los parlamentarios de izquierda y derecha es súper positiva. Yo creo que más allá de los gritos que muchas veces capturan los medios en un momento determinado, hay bastante conciencia entre aquellos que tienen un rol que jugar en estas cosas de la importancia de avanzar en esta dirección. Y eso no es porque gobernó la derecha o la izquierda, es porque el país sale fortalecido por el apoyo de la OCDE, del Fondo Monetario, que te empujan en estas cosas.

-¿Qué situaciones se están resolviendo en lo inmediato para avanzar en productividad?

-Hay en este momento en el Congreso dos proyectos de ley, que si ven la luz, van a significar un cambio bien relevante en la institucionalidad de política pública chilena, que es como uno quiere aproximarse a estas cuestiones más institucionalmente. Uno, que se ha escuchado hasta el cansancio y que es resultado de 100% de las cosas que ha hecho la comisión, mandatada por los gobiernos de los presidentes Piñera y Boric, que tiene que ver con la llamada ‘permisología’. Hay discusión de si esto tiene que venir con nuevas instituciones o no, pero el diagnóstico está, los datos los conocemos y hoy día la palabra permisología en Chile es una palabra que cualquier persona, no importa dónde trabaje, tiene en su cabeza. El proyecto de ley en el Congreso lleva muchos meses avanzando y si sale, aunque sea perfectible -como todo proyecto de ley-, va a significar haberse hecho cargo de una dimensión muy relevante y uno de los temas más complejos que tiene la estructura regulatoria chilena, no para desregular, no para dejar de cuidar el medio ambiente, no para desproteger al trabajador, sino que para eficientar la regulación. Hoy tenemos más de 50 instituciones públicas y más de 300 permisos en general; identificamos los puntos críticos y van a ser sometidos ahora a una manera de evaluar que va a significar un antes y un después para la inversión en general y cómo el Estado se relaciona con los actores económicos, protegiendo lo público a través de la regulación, pero de mejor manera. Eso va a ser súper importante. En mi opinión, el ministro Grau ha hecho una buena pega en esto, pero además ha construido desde lo que había antes. Lo positivo es que más allá de detalles que pueden ser importantes, hay un acuerdo bastante generalizado entre los que saben de este tema, de su importancia y de cómo se está asumiendo. Y el segundo proyecto importante, que es un poco más a largo plazo, se habla menos de él pero va a tener implicancias más amplias que el anterior, es el de una agencia para la calidad de las políticas públicas, que evalúe lo que hace el Estado, sus programas y reformas.

-El contrapunto de aquellos que buscan más eficiencia, es que crear nueva institucionalidad agrandaría el Estado. ¿Cómo convences a esa gente?

-Y lo estaría haciendo, pero mi respuesta ahí es muy cómoda, desde la academia, que esto no es sobre achicar el Estado. Tampoco sobre agrandar el Estado. Hay organismos dentro del sector público que probablemente deberían ser más chicos, o no existir. Y hay organismos que no existen, que sí deberían existir, porque al final del día esto no es sobre desregular ni tampoco sobreregular, es sobre regular bien. Llevándolo al extremo. El tema de permisos se ha concentrado mucho en el debate de cómo acortar los plazos. Y me parece bien que sea esa una de las variables que importen, porque esperar 8 años para que aprueben un proyecto, significa que no va a pasar. Pero la verdad es que lo que queremos conceptualmente es una metodología sólida que nos diga mira, este permiso es absolutamente innecesario, no debería existir como una exigencia previa. Por ejemplo, bastaría con una declaración del inversionista que luego el Estado, desde el Gobierno, fiscalice posteriormente, en función del riesgo involucrado. Ahora, si se está armando un proyecto que pone en peligro la salud, que tiene riesgo sanitario, no me cabe ninguna duda que ahí debería haber un montón de timbres que autoricen el primer centímetro de trabajo de ese privado. Entonces lo que tenemos es un sistema de permisos que no está calibrado en función de los riesgos involucrados. Y si tú optimizas eso, vas a ver que incluso habrá permisos que eliminar, y otros que habrá que fortalecer, pero hoy día no lo sabemos porque no hacemos regulación basada en riesgo. Y este proyecto de permisos apunta en esa dirección. Y pasa lo mismo con la agencia que crea más Estado, pero esperamos que lo cree para achicar el Estado en otros lugares donde hoy día se pretende -descoordinadamente-, cumplir parte de esta función. Cuando alguien me dice que no quiere que crezca el Estado, esa es una aproximación ideológica que no tiene ningún sentido. Pero cuando alguien también pretende crear una institución pública sin justificar adecuadamente, también me parece que eso no corresponde. 

-Desde lo privado, ¿cómo se puede avanzar en productividad?

-El país tiene que avanzar mejorando el funcionamiento del mercado y eso va a ser un desafío permanente, regulatorio, de competencia, entre otras cosas. Por ejemplo, el mundo cooperativo tiene mucho que aportar. Es un porcentaje pequeñito del PIB en Chile, pero en los países europeos explica un 10%, mientras que aquí un 1,5%. Pero hay mucho espacio para crecer y el mundo cooperativo es una manera de lograr que pequeños productores que, individualmente no tienen ninguna posibilidad de competir, globalmente agarren la escala en conjunto, sin concentrar propiedad y desafíen -por ejemplo-, al principal productor de leche mundial, como pasa con Colun. A mí me parece que cuando uno se enfoca en el mundo privado, más allá del rayado de cancha que tienen desde lo institucional, los gremios tienen la posibilidad de mejorar muy relevantemente la capacidad de una industria, de ser más productiva. Es importante además que estén presentes en el debate regulatorio, aunque parezca una tarea ingrata, para que el Congreso esté mejor informado. La primera regla del sistema regulatorio anglosajón es conversar con el regulado, y claro, si el regulador conversa con el regulado, por supuesto que le va a decir lo que le conviene, pero también le estoy pidiendo que me diga, desde su conocimiento profundo de la realidad, lo que quiere que yo haga y por qué. Y si me miente, nos vamos a ver el próximo año de nuevo y ya no voy a volver a confiar. Entonces, no se trata de que el interesado haga la regulación, por favor no. Se trata de que yo no puedo defender lo público si no entiendo cómo funciona lo privado, y viceversa. Es importante además que sea una labor industrial, no particular de una empresa. Los gremios en Chile tienen mucho que aportar, pero creo que en Chile no han jugado un rol tan activo en este tipo de cosas. No digo que no lo hagan, pero hay espacio para que en más industrias, de manera más profunda y más profesional, cumplan ese rol, porque hay gremios en muchos sectores que históricamente han sido más bien un vocero de los actores grandes de la industria ante el regulador, cuando lo que deberían ser es un vocero de las prácticas que necesita la industria como un todo, a pesar de la heterogeneidad de actores dentro de ella. Obviamente el gremio no puede ser un lugar en el cual las empresas se junten para coludirse. Es el lugar que las empresas tienen para trabajar en conjunto temas comunes, temas que al club le importen.

BRECHAS LABORALES

-¿Cómo han visto desde la Comisión la implementación de la ley de 40 horas?

-Nosotros hicimos una evaluación previa de lo que podría implicar bajar la jornada de 45 a 40 horas, e hicimos propuestas en términos de gradualidad, de mirar con más preocupación a los trabajadores jóvenes y adultos mayores e hicimos estimaciones de qué pasaba con la gente menos productiva en términos de pérdida de empleo. Y, de hecho, la ley salió, después de que se habló de bajar de 45 a 40 de una sola vez, al menos en la primera parte del debate, y la ley salió finalmente con gradualidad. Lo que propusimos fue que se vaya evaluando año a año qué impacto está teniendo. Ahora estamos abocados en la responsabilidad de hacer una línea base crítica para la regulación minera, y tenemos que ir haciendo el seguimiento de cómo está funcionando. El Estado podría perfectamente encargarnos que hagamos un seguimiento de cómo está funcionando la ley de reducción de la jornada laboral, pero no ha pasado todavía.

-¿La ley quedó en la dirección correcta en términos de productividad?

-Incorpora ciertas diferencias dependiendo del tipo de trabajador y se implementa con gradualidad, y eso me parece que era lo principal que a nosotros nos preocupaba. Porque también, siendo justos, cuando tú vas a los datos y miras el nivel de ingreso que tiene Chile hoy y ves la jornada laboral que tenían países con el ingreso nuestro en su momento, te encuentras con números que están bastante alineados. Por lo tanto, hablar de una jornada laboral de 40 o 40,5 horas para el ingreso per cápita que teníamos hace 2 o 3 años atrás, entendiendo que hay heterogeneidad entre sectores y empresas, es algo que al menos a nivel macro no parecía una locura. Pero al final, cuando implementan las cosas muy apurado, sin evaluar su impacto, puede terminar perjudicando a los mismos que quieres beneficiar. Por eso recomendamos que la evaluación incluirá gradualidad. Y en eso estamos.

-¿Cuáles son las brechas que vienen y que se deben enfrentar a continuación, a nivel laboral?

-Hay dos grandes temas: uno es capacitación, donde hay un gran tema con el Sense y con el diagnóstico que existe, hace ya una década, de que la labor de esta institución es fallida por muchas razones, desde no estar cumpliendo su rol, sus mecanismo de evaluación. Esto va de la mano además con que se debe recordar que el debate de educación debería mudar desde lo universitario hacia la educación técnica, porque las grandes brechas de Chile con los países avanzados no están en el ámbito de las universidades. Sin perjuicio de que tener mejores ingenieros siempre ayuda, el ámbito de la educación técnica es el gran tema. Y lo segundo, que se ha dicho hasta el cansancio es que, en el mundo actual, seguir pensando en que la manera de darle cierta asimetría de poder a los trabajadores imponiendo costos de salida como los que tiene el sistema de indemnizaciones por año de servicio, eso no conversa con la realidad actual. Esto no se trata de introducir precariedad, pero tampoco te puedes hacer el sordo ante los gritos que te tira el mercado. Esto se viene pidiendo hace rato, pero moverse de indemnizaciones a un seguro de cesantía fortalecido, es algo que tiene que hacerse.