La Comisión Europea planteó medidas excepcionales para apoyar los mercados agrícolas y alimentarios más afectados por el Covid-19. El paquete propuesto incluye el almacenamiento privado para los sectores lácteo y cárnico, así como flexibilidad en los programas de apoyo a frutas y hortalizas, vino y miel. Aún se requiere la aprobación por parte de los Estados miembros.

“Las medidas propuestas, en el estado actual de la evolución del mercado, pretenden enviar una señal destinada a estabilizar los mercados y se consideran las más apropiadas para proporcionar estabilidad a los precios y la producción futuros y, por lo tanto, el suministro estable de alimentos y la seguridad alimentaria”, subrayó el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski.

Las propuestas de Bruselas para paliar el efecto de la emergencia sanitaria en el sector agroalimentario incluyen:

• Ayuda al almacenamiento privado: Bruselas propone facilitar al almacenamiento privado para productos lácteos y productos cárnicos. El objetivo es retirar los productos del mercado por un mínimo de 2 a 3 meses y un período máximo de 5 a 6 meses. Así se busca disminuir la oferta disponible en el mercado y reequilibrar el mercado a largo plazo.
• Flexibilidad para los programas de apoyo al mercado: se introducirá flexibilidad en la implementación de los programas de apoyo al mercado para vino, frutas y verduras, aceite de oliva, apicultura y el sistema escolar de la UE. Se busca reorientar las prioridades de financiación hacia medidas de gestión de crisis para todos los sectores.
• Derogación excepcional a las normas de competencia de la UE: La Comisión permitirá excepciones en determinadas normas de competencia, con arreglo al artículo 222 del Reglamento de la Organización Común de Mercados, para permitir a los operadores adoptar medidas de autoorganización del mercado. Esto sería aplicable a los sectores de la leche, la floricultura y la patata. Así, el sector lácteo podría, por ejemplo, planificar colectivamente la producción de leche.

Estos acuerdos y decisiones solo serán válidos durante un período máximo de seis meses. Se seguirá de cerca la evolución de los precios de consumo para evitar efectos adversos. La intención de la Comisión es que estas medidas se adopten a finales de abril, pero antes deben superar la votación de los Estados miembros.