Como una forma de aportar al debate sobre los alcances que tiene el borrador de la nueva Constitución, el estudio jurídico especializado en Derecho Agrícola y Comercio Internacional, Araya & Cía., organizó el webinar “El futuro de la agricultura frente a la nueva Constitución”. En el conversatorio se discutió qué pasaría con temas como los derechos de agua o los cambios en la institucionalidad del agua si se aprueba el borrador el próximo 4 de septiembre.

En el evento online participaron como panelistas Sebastián Leiva y José Ojeda, socios de Araya & Cía., Mario Schindler, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Semillas (Anpros) y Felipe Martin, gerente general de MAS Recursos Naturales.

Matías Araya, socio fundador del estudio, abrió el encuentro recalcando que “nos parece fundamental informar que las normas permanentes y transitorias sobre el régimen jurídico de las aguas, la seguridad alimentaria y plurinacionalidad son tremendamente perjudiciales para la sobrevivencia y desarrollo a futuro de la agricultura, exportación y campesina”, razón por la cual decidieron realizar el webinar.

LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN EL BORRADOR

En su presentación, el abiogado Ojeda señaló que no existe una especificación sobre qué es la actividad agrícola productiva en el borrador de la Carta Magna. Más bien, se refiere “al pequeño productor agrícola, al campesino y a los pueblos indígenas”. Destaca que el texto trata a la actividad agrícola como “otra actividad productiva más”, sin reconocer el rol que tiene en el país.

De aprobarse el borrador de nueva constitución, el agua pasaría a ser un bien común, natural e inapropiable y sobre el que solo existen autorizaciones de uso. Lo anterior se traduce en que “no hay más propiedad sobre derechos de aprovechamiento de aguas”, señala Ojeda. Para el abogado, esto corresponde a un detrimento del derecho de propiedad, a una expropiación que “no es tratada de tal manera, porque no hay indemnización ni nada por el estilo”.

En esta línea, Sebastián Leiva explica que no se trata de expropiación, sino de expoliación y que de ganar la opción apruebo, los derechos de aprovechamiento de aguas “pasarán a ser cero y eso se llama expoliación porque a nadie la van a pagar por sus derechos de agua cuando pasen a ser autorizaciones de uso de agua”.

MODIFICACIONES EN LA INSTITUCIONALIDAD DEL AGUA

Respecto a los cambios en la institucionalidad del agua, de aprobarse la propuesta de nueva Constitución, los Consejos de Cuencas serán la entidad encargada de la administración del recurso hídrico. La Agencia Nacional del Agua reemplaza a la Dirección General de Aguas y cumplirá un deber de supervigilancia respecto al tema hídrico y tiene que dedicarse a asegurar el uso sostenible de las aguas para asegurar el agua tanto a las generaciones actuales como a las futuras.

“Vemos con especial preocupación que el tema de la administración del agua va a tener una arista política, ya que dentro de las regiones autónomas se tiene competencias que van en relación a velar por el uso racional del agua dentro de los Consejos de Cuenca y también van a estar muy involucrados en lo que es la conservación, preservación, protección e incluso restauración de la naturaleza. Entonces ahora a un tema que era meramente técnico se le va a agregar un componente político”, lamenta Ojeda.

Sebastián Leiva, por su parte, señala que el tema del agua es un problema que no es exclusivo de la agricultura. “El 80% de las exportaciones de Chile requiere de las aguas para desarrollar su actividad. En algunas regiones, el 50% del PIB está asociado a actividades que utilizan las aguas para su desarrollo, y a nivel nacional, las empresas que utilizan las aguas contratan más del 20% de empleo en Chile, por lo tanto, lo que nos convoca es más amplio que solo la agricultura”.

Y agrega que “este proyecto constitucional se avergüenza del uso productivo del agua como si fuera algo malo, no habla de lo vital que es para el desarrollo del país. Cuando tienes una visión negativa de un uso productivo en la Constitución, demonizando conceptualmente que se haga uso del agua para estos fines, es la mirada que vamos a tener como país respecto a eso”.

Para Felipe Martin, es primordial que los agricultores postulen a la Ley de Riego. “Si uno postula a esta ley y le aprueban el financiamiento del Estado, quiere decir que está valorizado como que puede continuar produciendo. Ahora el que no postula a la ley, posiblemente tiene desventajas frente a alguien que sí lo hizo”.

SEMILLAS Y ALIMENTOS

En el borrador no se menciona al sector agrícola productivo y el enfoque está en la agricultura campesina, la que se consagra como fundamental para la producción de alimentos, excluyendo al resto de los participantes, aclara Ojeda. El proyecto también especifica que el Estado va a garantizar el derecho al libre uso e intercambio de semillas tradicionales, solo a los campesinos y pueblos indígenas.

A juicio del abogado, el borrador se enfoca en “la perspectiva del pequeño productor agrícola, los campesinos y pueblos indígenas, sin explicitar la importancia que tiene la actividad agrícola en todos los niveles de la sociedad, en la economía del país, y en la seguridad alimentaria”.

En palabras del director ejecutivo de Anpros, Mario Schindler, existe un “desconocimiento profundo” de lo que es la ruralidad en Chile y que está plasmado en el borrador. “Se establecen como relevantes para la agricultura solo un sector que son los pequeños agricultores y sobre los que se basa la soberanía alimentaria de Chile”.

Schindler también se refiere a la propuesta de poner fin al mejoramiento de semillas, y asegura que “prohibir todo tipo de propiedad privada en la semilla es un apagón tecnológico absoluto en términos de investigación”. El dirigente de Anpros precisa que la discusión y el trabajo no terminan con el Apruebo ni con el Rechazo, ya que “el trabajo sigue en cualquiera de las dos situaciones porque lo que vimos en términos de desconocimiento del sector rural es muy profundo, transversal y que afecta a toda la agricultura”. 

SOBERANÍA ALIMENTARIA

“Los responsables de la soberanía alimentaria somos todos los agricultores de Chile y todos los gremios que participamos de la agricultura y lo que hace el texto es enfatizar la importancia que tienen determinados grupos de agricultores en desmedro de otros, y eso desde mi punto de vista, es inaceptable en un texto constitucional”, indica Schindler.

Felipe Martin enfatizó en la importancia de aclarar que la “agricultura lo que hace es transformar agua en alimentos” y agregó que el problema de esto radica en que “la gente de las ciudades cree que los alimentos nacen en las góndolas de los supermercados” y el texto constitucional se escribió con base en ese postulado.