Los alcances del comercio ilegal de productos fitosanitarios en Chile, junto con sus impactos sociales y económicos, fueron el eje central del Encuentro Anual de AFIPA, instancia que reunió a representantes de organismos públicos, gremiales, de la industria y del mundo académico vinculados a la agricultura.
La jornada se inició con las palabras del presidente de AFIPA, Gabriel Assandri, y continuó con la exposición de Andrés Meneses, asesor legislativo y regulatorio del gremio, quien abordó el marco normativo vigente y los desafíos que este delito plantea para la sostenibilidad agrícola. Posteriormente, la directora ejecutiva de AFIPA, Patricia Villarreal, presentó las acciones que desarrolla la asociación en esta materia y los resultados preliminares de un estudio orientado a contar con información más precisa para diseñar medidas más efectivas frente al comercio ilegal. Esta investigación se desarrolla en el marco del proyecto “Agricultura Sostenible en Acción”, ejecutado por AFIPA con el apoyo de CropLife Latin America.
El encuentro incluyó además un panel de conversación, moderado por Juan Cruz Jaime, director ejecutivo de CropLife Latin America, en el que participaron Bárbara Recabarren, jefa del Departamento de Regulación y Control de Insumos y Productos Silvoagrícolas del SAG; María Jazmín Rodríguez, subdirectora jurídica del Servicio Nacional de Aduanas; Cristián Muñoz, presidente de HORTACH y Pensar Agro Chile; y Antonio Walker, presidente de la SNA.
Los panelistas coincidieron en calificar como preocupante el fuerte aumento de la internación ilegal de productos fitosanitarios. De acuerdo con cifras de los organismos fiscalizadores, durante 2024 los decomisos alcanzaron las 28.700 toneladas, equivalentes a US$ 74,4 millones, lo que representa un incremento de 5.970% en un período de 12 meses. Desde Aduanas señalaron que el principal punto de ingreso se concentra en el norte del país, a través de pasos no habilitados, donde se han implementado planes integrados de fiscalización y programas de trazabilidad apoyados en inteligencia artificial.
Antonio Walker subrayó que se trata de un problema que debe abordarse como un tema-país, dada su complejidad y sus efectos en la seguridad y el crecimiento económico. Destacó que el agro chileno crece por sobre el promedio nacional, genera ingresos por cerca de US$ 30 mil millones, aporta un millón de empleos y llega a 160 mercados, pero advirtió que el avance del crimen organizado en zonas rurales pone en riesgo ese posicionamiento y el compromiso con una agricultura sustentable e inocua.
En tanto, Cristián Muñoz enfatizó la necesidad de visibilizar el comercio ilegal en todas sus formas, incluyendo los productos fitosanitarios, y su impacto directo en pequeños y medianos agricultores, quienes pierden insumos en plena temporada y no logran reponer su inversión. En esa línea, planteó la urgencia de tipificar el delito y modernizar al SAG, anunciando además un taller sobre la materia para el mes de enero.
Desde el sector público, María Jazmín Rodríguez relevó la importancia de aumentar penas y multas asociadas al contrabando, junto con fortalecer el trabajo coordinado entre instituciones. Bárbara Recabarren, por su parte, destacó que convenios como el existente entre el SAG y Aduanas permiten mayores eficiencias en las labores de fiscalización.
Al cierre del encuentro, Antonio Walker señaló que la SNA presentará a las nuevas autoridades un plan de trabajo para los primeros 100 días, enfocado en los temas más urgentes del agro, subrayando que la unidad gremial y la colaboración con el sector público serán claves para enfrentar el comercio ilegal y avanzar en la meta de duplicar la producción agrícola del país en los próximos años.
Patricia Villarreal recalcó que existe conciencia transversal sobre la relevancia de este delito, no solo para la industria de productos fitosanitarios, sino también para la inocuidad y seguridad alimentaria y la imagen país. En ese sentido, afirmó que el sector agroalimentario, segundo en importancia para la economía chilena después de la minería, debe resguardar y fortalecer su reputación como potencia alimentaria sostenible, trazable y de calidad.
Premio Mujer del Agro Mónica Gebert
En el marco del Encuentro Anual de AFIPA se dieron a conocer los resultados de la quinta versión del premio Mujer del Agro Mónica Gebert 2025, iniciativa que reconoce a mujeres que destacan por su innovación, liderazgo y promoción de prácticas agrícolas sostenibles.
El jurado estuvo integrado por Lorena Schaff, vicepresidenta de AMAGRO; Tatiana Aguirre, asesora del Gabinete del Ministerio de Agricultura; Rodrigo García, gerente general de Syngenta y director de AFIPA Chile; y Juan Cruz Jaime, director ejecutivo para el Cono Sur de CropLife Latin America.
En la categoría Mujer Profesional del Agro, el reconocimiento fue para Claudia Saldía, ingeniera agrícola de Temuco, Región de La Araucanía, con más de 10 años de trayectoria en docencia vinculada al sector, combinando teoría y práctica y promoviendo el desarrollo comunitario a través de la actividad agropecuaria.
La distinción en la categoría Representante del Mundo Rural recayó en Olga Romero, del Valle de Codpa, Región de Arica y Parinacota, por su emprendimiento de ecoturismo rural, que integra insumos de su propia chacra y actividades de difusión del mundo agro desde una mirada innovadora.
Finalmente, el reconocimiento especial Mujer con Trayectoria Sostenible fue otorgado a Fresia Beyzaga, productora de tomates de Caleta Vitor, Región de Arica y Parinacota, participante del proyecto “Agricultura Sostenible en Acción”, desarrollado en el marco del convenio entre INDAP y AFIPA, con el apoyo de CropLife Latin America, orientado a promover prácticas más sostenibles en la Agricultura Familiar Campesina.
El premio Mujer del Agro Mónica Gebert es una iniciativa de AFIPA que se realiza en conjunto con la Asociación Gremial de Mujeres del Agro en Chile (AMAGRO).
