La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) entregó -y seguirá entregando-, una serie de propuestas a los candidatos presidenciales, con ejes enfocados tanto en urgencias como en temas importantes para el sector.

Las propuestas, que ya fueron entregadas a Evelyn Matthei, Jeannette Jara y José Kast, fueron levantadas luego de que la SNA convocara a sus gremios asociados para elaborar el documento, que se puso a disposición de los candidatos presidenciales como un insumo para sus propuestas programáticas.

El documento se construyó gracias a 11 mesas de trabajo, realizadas en marzo, y contó con dos etapas: primero, la revisión de propuestas sectoriales vinculadas a los servicios del Ministerio de Agricultura (MINAGRI, ODEPA, SAG, CONAF/SERNAFOR, INDAP, CNR); y luego el análisis de temas transversales, como agua, seguridad, medioambiente, financiamiento, exportaciones y condiciones laborales

El documento identifica 40 temas relevantes y formula 75 propuestas que se agrupan en cinco ejes transversales: Estado ágil y eficiente; Mercados para Chile; Infraestructura para el desarrollo; Agricultura más Productiva y Sustentable; y Seguridad para el mundo rural.

En conversación con Redagrícola, el presidente de la SNA, Antonio Walker, señaló que “más que pensar en política, esto es pensar en la agricultura, aquí estamos pensando en producción de alimentos, y por ello el desarrollo de la agricultura debería ser un tema político transversal”. 

El jefe gremial añadió que “la génesis de esto es que fue elaborado por gente que está con los pies en la tierra”. Destacó además que las propuestas fueron muy bien recibidas por los candidatos, recalcando que los abanderados “se fueron con mucho mayor conocimiento de lo que tenían, con mucho dato, y lo importante es que el dato mata el relato, porque quisimos también derribar mitos”, indicando temas como el medioambiente, la narrativa sobre los monocultivos o el uso del agua. 

“Por ejemplo, Chile emite sólo el 0,24% de las emisiones del mundo, y capturamos cerca del 66% de esas emisiones a través de las plantaciones forestales y suelo vivo. Somos un país que estamos muy cerca de ser carbono neutral”, comentó el líder de la SNA. 

Walker recalcó además que “nosotros estamos trabajando no para un sector político, sino para el desarrollo de la agricultura, y lo que estamos pidiendo a los candidatos es que incluyan dentro de sus programas de gobierno al sector agrícola con estas ideas”.

LO URGENTE: EL AGUA

De acuerdo a Walker, lo más importante para el próximo periodo presidencial serán las decisiones que se tomen para la nueva institucionalidad del agua, así como también construir infraestructura para grandes obras de riego (como desaladoras, embalses, infiltración de acuíferos).

Esta urgencia está dada porque Chile “sólo riega 900.000 hectáreas, que equivale a 1,2% del país, entonces necesitamos una nueva gestión del agua, necesitamos hacer inversiones para infraestructura de grandes obras de riego, también fortalecer las organizaciones de usuarios de agua, o regularizar todos los derechos de agua. El agua es un tema central”.

Esto además queda a contraposición de lo que ha hecho Perú en los últimos años, que con una inversión de US$ 23.000 millones en regar 1 millón de hectáreas más,  en un contexto donde ya riega 1,6 millones de hectáreas, por que pasará a regar 2,6 millones de ha. “Tenemos un competidor que está creciendo a pasos agigantados y ahí nosotros tenemos un desafío muy importante”. 

LAS 75 PROPUESTAS

Las propuestas, ordenadas en 75 puntos, son las siguientes:

MINAGRI – ODEPA

• Instalación
-Elección de SEREMI de Agricultura: Mandatar al ministro para elegir secretarios regionales con perfil técnico y habilidades de coordinación, capaces de proponer proyectos al FNDR.

-Agenda de Apertura de Mercados: Definir, en los primeros 90 días, los productos y mercados a priorizar para los próximos cuatro años, en colaboración público-privada.

-Comité de Modernización Normativa: Crear un comité para revisar normativas agrícolas y eliminar barreras regulatorias, con un listado de normas a modificar y plazos definidos.

• Internacional

– Reforzar el Departamento de Asuntos Internacionales del Minagri (ODEPA) con más recursos humanos y atribuciones, para coordinar eficazmente con SUBREI, ProChile y el SAG en comercio exterior agropecuario.

• Información

-Crear una plataforma de información internacional para productos silvoagropecuarios chilenos, que incluya aranceles, condiciones sanitarias y obstáculos al comercio.

• Infraestructura

-Crear una mesa de coordinación interministerial para alinear las agendas de desarrollo rural e infraestructura, incluyendo al Minagri, MOP, MTT, MDSF y otros organismos, y la participación del sector privado.

-Habilitar nuevos puntos de embarque para productos silvoagropecuarios, como puertos alternativos, y mejorar los existentes para descongestionar los puertos tradicionales.

• Asociatividad

-Fortalecer los programas existentes de apoyo a la asociatividad.

-Crear incentivos de cofinanciamiento para proyectos asociativos.

-Asesorar técnicamente la formación de nuevas cooperativas y asociaciones de productores en rubros emergentes.

-Fomentar los encadenamientos productivos entre la agroindustria exportadora y productores.

-Difundir casos de éxito y capacitar en gestión asociativa.

-Focalizar el gasto de I+D en soluciones problemáticas.

-Evaluar y recomendar nuevas variedades y portainjertos que se ajusten a las condiciones cambiantes.

-Producir, liberar datos y mapas geoespaciales claves en formatos abiertos.

• Otros temas

-Crear un registro voluntario de asesores agrícolas para certificar sus competencias, cursos y experiencias, permitiendo a los agricultores acceder a asesores con conocimientos específicos.

-Monitorear el avance y ejecución del crédito de US$50 millones solicitado al Banco Mundial para la modernización de INDAP, SAG y otros servicios de Minagri.

-Revisar las opciones de financiamiento internacional para proyectos sectoriales, como los fondos de la Unión Europea, BID y Banco Mundial.

• SAG

– Establecer una mayor conexión entre los recursos recaudados por el SAG y las actividades productivas que los generan, asegurando que las tarifas y costos sean utilizados para financiar las actividades correspondientes.

– Aumentar las atribuciones del SAG para combatir el contrabando, permitiéndole requisar vehículos y bienes relacionados, y coordinar mejor con el Ministerio de Seguridad.

– Crear instancias regionales para analizar la situación normativa de distintos rubros, identificar desafíos locales y enviar los resultados a las instancias ministeriales correspondientes.

– Modernizar y coordinar sus plataformas informáticas y procedimientos internos.

• SERNAFOR
– Revisar y simplificar la normativa para facilitar la plantación forestal en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF).

– Revisar las exigencias de reforestación para titulares que desean desafectar predios según la Ley 701.

– Generar mecanismos para incentivar el encadenamiento de comunidades indígenas y otras con vocación forestal, permitiéndoles participar junto a empresas forestales nacionales.

– Fortalecer la implementación del SERNAFOR, enfocándose en la prevención, educación y combate de incendios durante todo el año.

• INDAP

– Vincularse con los clientes del sector agrícola para conocer sus demandas y diseñar programas acordes al mercado.

– Incluir la habilitación legal de sus usuarios, apoyando su formalización y cumplimiento sanitario.

– Fortalecer la capacitación de INDAP con un programa estructurado para agricultores, campesinos y extensionistas.

– Impulsar la asociatividad entre pequeños agricultores mediante cooperativas u otras formas que mejoren su acceso y posición en el mercado.

– Canalizar el presupuesto de riego de INDAP a través de la CNR, mediante un convenio conjunto que ordene mejor las inversiones en pequeña agricultura.

• CNR

– Revisar las bases de postulación para eliminar exigencias no contempladas en la ley o reglamento y asegurar un proceso simple y abreviado.

– Generar espacios de diálogo regional para adaptar los concursos a las necesidades locales, como recambio de sistemas en Atacama y Coquimbo, y uso de derechos provisionales en Los Ríos y Los Lagos.

– Facilitar la participación privada con concursos diferenciados según el costo del proyecto: proceso simplificado para los de menor valor y completo para los de mayor monto.

– Agilizar el pago de bonos, reduciendo los plazos a 30-45 días como antes, y no los seis meses actuales.

• LABORAL

– Modificar el límite del 15% a la contratación de extranjeros en empresas con 25 o más trabajadores: normativa flexible y temporal para épocas de alta demanda, como en el sector frutícola y hortícola.

– Aumentar el límite de horas extras diarias en faenas críticas, con pago con recargo y consentimiento del trabajador.

– Suprimir impedimento para que estudiantes adolescentes puedan trabajar en época de verano

– Permitir la interrupción de jornada en el trabajo agrícola, adaptándola a condiciones climáticas o productivas.

– Revisar la Ley de Migraciones para permitir que personas con permanencia transitoria accedan a permisos como trabajadores agrícolas de temporada.

– Actualizar el Decreto Supremo 45 de 1986, adaptándolo a las actuales condiciones del trabajo agrícola.

– Revisar requisitos de la Ley SANNA para incluir a trabajadores agrícolas de temporada entre sus beneficiarios.

• AGUA

– Establecer metas en la DGA para fomentar la formación de nuevas Organizaciones de Usuarios de Aguas (OUA), especialmente, de aguas subterráneas.

– Implementar un sistema digital ágil y accesible para trámites ante la DGA, con plazos definidos y KPIs que den certeza a los usuarios.

– Diseñar un nuevo procedimiento, junto a las OUA y con apoyo público, para regularizar todos los derechos de agua en tres años.

– Monitorear el uso del crédito de US$250 millones del Banco Mundial para modernizar la DGA y supervisar el trabajo acordado con Global Walter Partnership (GWP).

– Dar urgencia al proyecto que crea la Subsecretaría del Agua, para avanzar en la coordinación de políticas públicas sobre el recurso hídrico.

• MEDIO AMBIENTE

– Establecer un cronograma público para implementar y revisar normativas, con participación permanente del sector productivo.

– Modificar el Decreto 40 del SEIA para ajustar exigencias a la agroindustria y elevar a 4.000 KVA el límite de potencia cuando se use por seis meses o menos.

– Revisar el criterio de “confinamiento” en producción ganadera, excluyendo sistemas de pastoreo o mixtos con encierros de corta duración.

– Establecer que los sistemas con solo tratamiento físico de residuos líquidos, y con permisos sectoriales, no requieren evaluación ambiental, independiente de su uso final.

– Clarificar que los purines son subproductos agrícolas y que los pozos purineros son lagunas de estabilización, no residuos.

– Crear un programa conjunto entre SBAP y SAG para controlar fauna dañina en zonas rurales, incluyendo perros asilvestrados, y manejar poblaciones de guanacos en Magallanes.

– Impulsar incentivos financieros o tributarios para adquirir tecnología limpia y ambientalmente beneficiosa, como fertilización de precisión o energía solar.

– Analizar el impacto del SBAP y sus reglamentos en la producción y predios agrícolas.

• SEGURIDAD

– Definir el delito rural para visibilizar la vida en el campo y levantar estadísticas que incluyan delitos productivos como robo de insumos, maquinaria y productos.

– Considerar como agravante los delitos cometidos aprovechando las condiciones del sector rural, como su extensión y baja vigilancia.

– Replicar experiencias regionales de coordinación entre autoridades y gremios agrícolas para fortalecer la prevención e investigación según las realidades locales.

– Autorizar a gremios a denunciar en nombre de sus socios para enfrentar la baja tasa de denuncias por miedo o desconfianza.

– Ampliar la presencia policial en el campo con cuarteles u oficinas bien dotadas y permanentes.

– Realizar controles carreteros frecuentes con acción conjunta de policías, SII, Aduanas y SAG, para combatir el contrabando y prevenir plagas.

– Crear mesas de colaboración nacionales y regionales entre privados, policías y otros actores para prevenir y perseguir delitos.

• FINANCIAMIENTO

– Crear instrumentos de fomento directo, como el DL 701, para impulsar medianas empresas agrícolas según las características productivas de cada zona del país.

– Crear FOGAPE adaptado al agro, con garantías estatales y tasas fijadas por el Estado, como se hizo en la pandemia.

– Impulsar incentivos para fomentar la asociatividad agrícola, promoviendo la agricultura de contrato y la formación de cooperativas y grupos comerciales.

– Activar el registro voluntario de contratos con incentivos, para que sean valorados por la banca como respaldo crediticio.

– Promover a nivel nacional el consumo de alimentos saludables chilenos mediante campañas que resalten la producción local.

• EXPORTACIONES

– Revisar las propuestas de fortalecimiento del SAG incluidas en su capítulo correspondiente.

– Reposicionar a Chile como productor confiable de alimentos sanos y sustentables, fortaleciendo el Fondo de Promoción de Exportaciones.

– Fomentar la inversión en la agroexportación reduciendo trabas regulatorias y fortaleciendo la certeza jurídica.

– Dotar a Fundación Imagen de Chile de un fondo público-privado plurianual y mayor autonomía.

– Fortalecer el Comité Agroexportador del Minagri con participación formal de SUBREI y sector privado.

– Racionalizar la retención del IVA exportador, corrigiendo problemas sin perjudicar las devoluciones en curso de las empresas.