En una gran pantalla está la información de todas las zonas de riego bajo la administración de la Comunidad de Aguas Subterráneas de Copiapó, Piedra Colgada y Desembocadura (Casub). Es una herramienta que su gerente, Carlos Araya, anhelaba desde hacía tiempo y que se está haciendo realidad. Su objetivo prioritario: hacer una correcta administración del recurso hídrico subterráneo del valle.

– Los puntos de color amarillo son los pozos que se están monitoreando hoy en día y en rojo aquellos que se incluirán al sistema.

– Muchos de ellos están instalados, pero faltan obras en terreno para incorporarlos definitivamente.

– Y los blancos, como el que acaba de aparecer, son los pozos que están bombeando agua ahora.

– Si pinchamos en el sistema, podemos ver que ese pozo, en este preciso momento, está sacando 27,73 l/s. Vemos que el nivel estático es de 42 m, el nivel dinámico de 60 m, la profundidad está en 72 m y el pozo es de 85 m.

– También podemos ver datos como los volúmenes de extracción diarios, semanales, mensuales y anuales; que son los que nos ayudarán a hacer una mejor administración del recurso hídrico en Copiapó.

En este diálogo, Carlos Araya, gerente de la Comunidad de Aguas Subterráneas de Copiapó, Piedra Colgada y Desembocadura (Casub) y Marcelo Ossandón gerente general de Osmatic, grafican lo que pueden ver hoy en día gracias a la telemetría que están implementando en los sectores V y VI del Valle de Copiapó y que, según Araya, “es un proyecto vital para esta comunidad, porque podemos ver en tiempo real si un alguno de nuestros miembros está sacando más agua de la que le corresponde sacar”. Si ocurre eso, saltaría de inmediato una alarma del sistema, que incluso podría enviarse a un teléfono celular y, además, todos los datos quedarían registrados en una serie de gráficos”.

NO ES LO MISMO MONITOREAR UN POZO DE 10 M QUE UNO DE 200 M

El proyecto no es nuevo. Llevan ya dos años implementándolo, primero con la empresa Wiseconn y ahora con Osmatic, una empresa local dedicada a la automatización y control de procesos, que ha creado una plataforma libre y hecha a la medida de la Casub.  “Es nuestra”, recalca Araya. Así, no dependen de un servidor externo. “Y todos los datos se pueden revisar desde cualquier parte y en cualquier momento”, añade Ossandón.

En cada uno de los puntos de monitoreo, es decir, en cada pozo, cuentan con un caudalímetro y un tablero de control, que se conecta de forma inalámbrica a través de la red GPRS. Toda la red contempla 220 pozos, de los cuales hoy están en funcionamiento 130. Los 90 pozos restantes se añadirán paulatinamente a través de proyectos de la Ley de Fomento al Riego e Indap, cuando se trata de agricultores pequeños, y aquellos que no son de agricultores (minería y sanitarias) se ejecutarán con recursos propios de esas empresas.

“En 2014 debiéramos tener el 100% de los pozos con sistema de telemetría”, sostiene Araya. El costo de incluir cada pozo al sistema es variable, y ronda entre los 9 y 14 millones de pesos. “Hoy hemos presentado un proyecto a la Comisión Nacional de Riego por 20 pozos que involucraría una inversión de 280 millones de pesos. El equipo es estándar y es el mismo para un pozo que de 10 m que saque 1 l/s como para un pozo de 200 m que saque 140 l/s. Esa profundidad del pozo es lo que hace la variabilidad del proyecto, porque no es lo mismo instalar una sonda a 10 m o a 200 m y no es lo mismo tener un caudalímetro de 2” que uno de 12”, explica Araya.

Uno de los principales problemas es el que provoca el artículo 110 del Código de Minería, que crea la figura que se conoce como el ‘agua del minero’. Allí se define que el agua que las empresas mineras encuentren en sus explotaciones la puede usar sin restricciones y sin dar cuenta a nadie. “están usando un caudal que es legal, pero que no es informado. Como es un agua que no sale en ningún balance, nosotros como Casub desconocemos qué daño podría estar produciéndose”, sostiene el gerente de la Casub. Pero a partir de ahora podrán saber qué pasa con esa agua porque las empresas mineras estarán incluidas en el programa de telemetría, al igual que las empresas sanitarias.

Comprobar el comportamiento del acuífero y aventurar ciertas tendencias, es otro de los usos que darán al sistema. Con esta herramienta podrán identificar cuándo un pozo tendrá problemas. “En función de lo que va bajando el agua, podremos decirle a un usuario cuánto tiempo le queda hasta que tenga que profundizar su pozo. Ahora es difícil que se den cuenta de ello, pero gracias a esto podremos entregar esa información con tiempo suficiente para que ellos puedan tomar las medidas del caso”, explica. Y el comportamiento del acuífero lo podrán comprobar en cada una de las zonas en que han dividido el sistema, “podemos incluso subdividir cada una de ellas y ver cuantos litros se están extrayendo al minuto. Eso es administración del recurso hídrico, y para eso hemos invertido en un proyecto como éste”, añade Araya, sobre un proyecto que en el corto tiempo podrá monitorear la calidad del agua.

Germán Palaviccino es un agricultor dedicado a la producción de uva pisquera y olivos, además de director Casub, y conoce en carne propia el real estado del agua en la zona. “El hecho de tener telemetría en tiempo real nos protegerá”, afirma. “Con esta herramienta nos podrán controlar a todos por igual, para que ningún miembro de la comunidad pueda extraer más agua de la que sus derechos dicen que puede sacar. Nos complican aquellos miembros que tienen una parcela de agrado, y que sacan 4.000 m³/año cuando perfectamente podrían sobrevivir con 180 m³/año. A ellos no los podíamos controlar hasta ahora, pero con este sistema será diferente”, añade.

QUIÉN ES QUIÉN EN LA CASUB

Hoy en día, para hacer una buena administración de las aguas subterráneas que dependen de la Casub, “debemos saber quién es quién. Cuando hayamos identificado eso, debemos saber cuánta agua saca y cómo se comporta el acuífero. Y sobre eso, podremos tomar las diferentes medidas del caso”, explica Araya.

– Y hoy, ¿saben quién es quién?

– En un 98% sí. Sólo nos faltan catorce agricultores. Tenemos identificado dónde está el pozo y cuál es la resolución. Sólo nos falta entrar para poder identificarlo completamente.

‘BANCO DEL AGUA’ Y ARRIENDO DEL RECURSO

Cuando las rentabilidades de los cultivos no son lo que eran hace años atrás, cuando la mano de obra es escasa y cuando el agua para la agricultura sigue disminuyendo, la alternativa es una: vender o arrendar los derechos de agua. Por ello es que la Casub está inmersa en un proyecto de Banco del Agua, en conjunto con la Universidad de Chile, con el cual se espera generar un modelo de mercado del agua para buscar una salida a los productores de la zona, que se planteó como una solución a la situación actual. “No se trata de un banco duro, sino que debe tener una mirada sustentable y social”, subraya Araya.

– ¿En qué les beneficia este modelo?

– En que el arriendo del derecho de agua tiene que ser un derecho efectivo, usado, histórico y que quien arrienda lo hace sólo con aquellos derechos de agua que no usará un agricultor. Es una opción dado los tiempos actuales. Como casi no tenemos agua se habla de desalación, pero la agricultura no podrá pagar los precios que hoy importa esa agua.

“El Banco del Agua sí es una salida para los agricultores”, dice Palaviccino. “Pero no es una salida decorosa, porque yo como agricultor nunca quisiera dejar mi actividad agrícola, ni tampoco vender el agua que necesito para subsistir”, agrega.

Así, si un agricultor hoy tiene derechos por 22 l/s, pero sólo ocupa 12 l/s, podría vender o arrendar esos 10 l/s que no está ocupando en las faenas agrícolas. Ese es el caso de muchos agricultores. “De esta forma, sigo haciendo mi gestión agrícola con la diferencia de agua que tengo”, precisa Palaviccino.

Lo que se intenta hacer es limitar la extracción del recurso. “Por ejemplo, una empresa minera o sanitaria, pagará sólo por aquel derecho que históricamente se ha usado. Entonces el agricultor dejará de producir el equivalente en hectáreas a esa tierra, ya sea por dos, cinco o diez años”, explica Araya. Y ya hay agricultores que están cerrando acuerdos con mineras por arriendo de los derechos por diez años, básicamente porque con ellas no se pueden cerrar acuerdos por menos tiempo. “Si hay una agricultor que cultiva hortalizas y hace un arriendo por un año, no hay problema con ello porque dejará e cultivar un año y puede volver al siguiente, pero es distinto si hablamos de parrones, olivos o frutales, que no se recuperarán si se dejan de explotar uno o dos años, por ello es que se ha pensado en un proceso más largo”, añade Palaviccino.

Esta solución fue presentada en una asamblea extraordinaria en la Casub. “Es un negocio para todos. No sólo está pensada para el gran productor, sino también para el pequeño y mediano”, precisa Araya. Ahora bien, la propia comunidad de aguas subterráneas sugiere estandarizar los precios de los derechos y que la Casub actúe como garante ante ello.

Todos estos proyectos que se desarrollan en el valle son la única forma de tener el agua bajo control. En definitiva, saber quién es quién, y una vez que se conozca eso, determinar cuánta agua se extrae y así entender cómo se comporta el acuífero para tomar las medidas del caso. En eso están hoy en la única comunidad de aguas subterráneas que funciona como tal en el país.

“Hoy soy más eficiente en el uso del agua”

Palaviccino hace una férrea defensa de un uso más eficiente del agua en la zona, más aún cuando el mismo pudo darse cuenta que estaba haciendo un uso ineficiente de ésta. Lo logró tras participar en un proyecto que el Centro Regional de Estudios Agronómicos de la Universidad de Chile (UChilecrea). Palaviccino recibió apoyo directo para sacar adelante casi 7 ha de parrón pisquero, que tenían  serios problemas debido a malas asesorías anteriores. “Tratamos el parrón con una nutrición diferente, buscando desde un primer momento asegurar eficiencia hídrica”, explica el agricultor. Y el proyecto resultó, porque logró disminuir desde 15 mil a 7 mil m³/ha, ahorrando además energía y nutrientes, “Y lo que es mejor, la calidad de lo producido fue mucho mejor”, afirma.

Además realizó un tratamiento al suelo, que incluyó también análisis del agua, del pozo y del tranque. “Tras analizar los resultados, los especialistas me recomendaron que aplicara yeso, lo que hizo que la parra absorbiera mejor los nutrientes y, en definitiva, se desarrollara mejor”. La salinidad también era un problema en el predio de Palaviccino. “En el mes de marzo cortaba el agua para que el fruto tuviera el azúcar necesario para la cosecha, y recién volvía a regar en agosto”, explica el agricultor. Pero las sales subían a la superficie. Así, los asesores de Uchilecrea diseñaron un programa para que Palaviccino siguiera regando durante la temporada de invierno, aunque de forma más espaciada para lavar las sales.

Al igual que otros diez agricultores, Palaviccino es uno de los últimos beneficiados de la Ley de Riego, para profundizar su pozo. “Desde marzo de 2012 estoy casi sin agua”, apunta. La napa en su predio se encuentra a los 33 m, “si apretaba el motor bajaba a los 42,5 m y la bomba la tengo puesta a los 43 metros, pero ésta tiraba muy poco agua, y no me da para regar porque a los 20 minutos la bomba empieza a tiritar y por eso no uso ese pozo”, continúa.

Los frutales los puede regar con aguas servidas tratadas, puesto que posee derechos al ser un agricultor del sector de Toledo-Chamonate. “He sobrevivido gracias a eso, porque el pozo no lo puedo explotar porque casi no sale agua”, recalca. Ahora, con el proyecto de profundización podrá estar más tranquilo. El pozo tiene 45 m y los profundizará hasta los 95, “pero eso involucra que tal vez la bomba que hoy tengo no me sirva y tendré que invertir en una nueva que me costará entre 8 y 9 millones de pesos, aparte de la tubería que tendré que agregar para llegar a la napa”, precisa. Y no es el único agricultor que está en esas condiciones, porque hay otros que incluso han tenido que profundizar hasta los 120 m. “En mi caso, si profundizo más allá de los 100 m ya no me es rentable dado el alto costo energético que ello involucra”, añade.