Este lunes 27 de octubre, el campo mexicano amaneció movilizado. Agricultores de al menos 17 estados de la República respondieron al llamado de organizaciones como el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano, el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), quienes convocaron a un paro nacional con bloqueos carreteros y liberación de casetas, exigiendo un precio de garantía justo para el maíz, uno de los cultivos fundamentales de la alimentación y la economía del país.

La demanda central es que el Gobierno federal garantice un precio mínimo de $7.200 por tonelada de maíz, frente a una caída de precios que ha llevado su cotización hasta los $3.200, según reconoció la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina.

Esta baja, de más del 50% en apenas tres años, se atribuye a factores internacionales como el conflicto entre Rusia y Ucrania y a las condiciones de mercado que impone el T-MEC, que fija el precio del grano en función de la Bolsa de Chicago.

Los productores también reclaman la implementación de políticas públicas más estructurales, que no dependan exclusivamente de los vaivenes del mercado internacional. Entre las principales causas del malestar están el incremento en los costos de producción, los efectos prolongados de la sequía, la falta de infraestructura de transporte eficiente y el limitado acceso a crédito rural. Todo ello impacta negativamente en la rentabilidad, comprometiendo no solo las cosechas actuales, sino el futuro de la seguridad alimentaria nacional.

Por ello, organismos como el Consejo Nacional Agropecuario han subrayado la necesidad de un diálogo profundo y la búsqueda de soluciones sostenibles para los productores de granos básicos como maíz, frijol, sorgo, trigo y oleaginosas. También han advertido sobre la urgencia de aplicar políticas de ingreso y comercialización que garanticen certidumbre al agricultor, más allá de las referencias de mercado.