“Mientras el sector agroexportador esté en crecimiento habrá mucha demanda de empleo”, reflexiona Leoncio Fernandez, profesor principal y coordinador de la Maestría en Agronegocios de la Universidad Nacional Agraria La Molina (Unalm). Junto a la agricultura familiar, ambas actividades han sido generadoras de empleo en las últimas décadas: en promedio entre el 2016 y 2020 este sector requirió mensualmente alrededor de 188,804 trabajadores. Solo en octubre pasado se demandaron más de 247,000 trabajadores, de acuerdo con datos de la Planilla Electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Las cifras del MTPE revelan a su vez que el sector ha tenido un crecimiento que ha beneficiado de forma diversa a grupos poblacionales, según edad y género. Aunque la tendencia es que en América Latina 7 de cada 10 mujeres trabajen o busquen trabajo activamente, Fernandez anota que se mantiene la brecha entre hombres y mujeres: en el último quinquenio las mujeres han representado entre el 35% y el 41% del número total de trabajadores.

Junto con la menor participación de las mujeres en el empleo agrícola, existe un reto más profundo y que está vinculado a las condiciones de precariedad laboral que trae consigo la informalidad. “El mayor problema está en el sector rural, donde la informalidad es mayor en mujeres que en hombres. Las mujeres son más propensas o vulnerables a aceptar labores en condiciones de precariedad, sin protección alguna y con discriminación en el salario”, anota Fernandez.

El especialista agrega que la participación de las mujeres en el mercado laboral es parte esencial en la ecuación de crecimiento y productividad de un país.  En esa línea, sugiere la implementación de programas sociales que permitan a la mujer trabajar, acompañado de políticas de planificación familiar, centros de cuidado infantil y educación pre escolar.

Algunas de las medidas que recomienda el experto son la ampliación de las licencias por maternidad, paternidad y cuidados; que sean balanceadas entre padre y madre e intransferibles. Además, sugiere que se fomente el teletrabajo y se mejore el diseño de los programas sociales, como las transferencias condicionadas para evitar profundizar en los roles de género tradicionales.

Considera que es importante que exista una coordinación entre todos los actores vinculados. “Las pautas culturales que definen el rol de la mujer en la familia y el trabajo tienen un papel importante en las diferencias en los niveles de participación femenina entre países. Las instituciones laborales y el estado de las políticas públicas juegan un papel no menos importante”, expresa.

EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICA, AÚN LIMITADA

Otro reto pendiente es el relacionado a la educación que poseen los trabajadores de las empresas agrícolas. Así lo revelan las cifras oficiales del MTPE, que advierten que en octubre pasado el 82% de los trabajadores contaba con educación secundaria, un 5% con educación primaria y otro 5% con educación superior y técnica, pero apenas un 2% tuvo acceso a la educación universitaria.

“El rol de la educación superior y técnica tiene que dar un giro, enfocarse en el campo, acercarse al sector rural y productivo. Relanzar las políticas de responsabilidad social, la universidad debe estar más presente en los sectores rurales y agrarios en particular. Los trabajos de extensión, por ejemplo, con actividades educativas y los de proyección, con acciones para solucionar directa o indirectamente los problemas. Allí, por ejemplo, el rol de la Universidad Agraria ha sido e importante, nuestros egresados están en todo el Perú, inclusive siendo los protagonistas del crecimiento del sector agroexportador”, manifiesta.

El experto hace una distinción entre la educación que reciben las personas que forman parte de la agricultura familiar y la que están vinculadas a la agroexportación “En la agricultura familiar podemos encontrar población que ni siquiera tiene acceso a educación secundaria completa. En cambio, en el sector agroexportador ha habido cada vez más oferta educativa”, manifiesta.

Fernandez destaca que la oferta educativa debe considerar perfiles más tecnológicos y vinculados a los puestos más demandados por el rubro agrícola, como lo son los cargos de gerente agrícola, jefe de acopio, jefe de cultivo, jefe de calidad, gerente de planta, ejecutivo comercial y administrador de fundo, según un estudio del 2019-2020 de Michael Page, consultora líder de recursos humanos y selección. Sumado a ello, el experto indica que existe una necesidad de inculcar habilidades gerenciales de liderazgo, trabajo en equipo, motivación, pensamiento crítico, inteligencia emocional y capacidad de comunicación.

Las cifras del MTPE reflejan además una mayor predominancia de los trabajadores de 18 a 29 años en el rubro agrícola, frente a hace unos cinco años en que era más notoria la presencia de trabajadores de 30 a 44 años. En octubre pasado, el 45% de los trabajadores pertenecía al grupo de edad de 18 a 29 años, 18 puntos porcentuales más que similar mes del 2016 y 14 puntos porcentuales más que octubre del 2019.

El experto sostiene que esto puede responder al crecimiento del sector agroexportador, el desarrollo de más institutos y universidades en regiones, junto a la mayor cantidad de jóvenes que decide quedarse en su región natal. Fernandez recuerda que, por ejemplo, en La Libertad el crecimiento del sector agroexportador ha favorecido al sector educativo, lo mismo ha ocurrido en el norte del país.

EVOLUCIÓN DE LOS SUELDOS

De otro lado, se observa que la remuneración promedio en los últimos cinco años ha estado en torno a S/1,400 y S/2,000. Haciendo un corte en octubre pasado, la remuneración promedio a nivel nacional se situó en S/1,633, 1.9% más que similar mes del 2019.  Sin embargo, detrás de los promedios hay diferencias palpables respecto a la remuneración que perciben los trabajadores en la costa, sierra y selva, así como en la zona rural y urbana.

“En la costa se está pagando más o menos S/8 por hora y en la selva casi S/6, en la zona urbana se está pagando casi S/8 por hora y en la zona rural solo S/4”, señala el experto.

Pese a ello, Fernandez resalta que la derogada Ley de Promoción Agraria tuvo efectos positivos y significativos sobre los ingresos mensuales de los trabajadores formales en el largo, mediano y corto plazo. “Los resultados sugieren que la Ley de Promoción Agraria tuvo un impacto de 52% sobre el ingreso promedio de los trabajadores formales en el largo plazo (2001–2015)”, dice.

El especialista destaca que la Asociación de Gremios Agrarios del Perú (Agap) presentó una serie de propuestas para mejorar la situación laboral de trabajadores, como la lucha contra el mal uso de los services, que a la Remuneración Mínima Vital (RMV) se sume un bono de 15% para alimentación, se dé transporte a los trabajadores que vivan lejos de los campos y plantas, y se implemente políticas específicas para mejorar la calidad de vida de las mujeres que trabajan en el sector.