Para el agrónomo y doctor en ciencias naturales y bioclimatología, Fernando Santibáñez, son cientos los estudios que así lo demuestran, aunque la dimensión de los cambios que están por venir todavía no están adecuadamente mensurados.

“Los horizontes que se manejan son de cuarenta a cincuenta años para tener efectos instalados, importantes e irrefutables. En 2050 debiéramos estar de lleno en un escenario climático distinto”, dice Santibáñez. Para Chile esto implicará que habrá que poner gran atención en la gestión de los recursos hídricos. El clima será más seco, hará más calor y el Desierto de Atacama avanzaría hacia el sur, trasladando los límites climáticos unos doscientos kilómetros. 

“Disminuiría el número de días de lluvia, aumentarían aquellos con temperaturas elevadas, y habría mayor frecuencia de sequías, entre otras consecuencias”, dice el académico de la Universidad de Chile. Ello implicará, según Santibáñez, que se requerirá aumentar la capacidad de embalse en unos tres mil millones de metros cúbicos adicionales desde Santiago hacia el sur. Sin embargo, alcanzar esa meta se ve muy difícil.

BALANCE HÍDRICO EN BAJA

Según el informe Infraestructura Crítica para el Desarrollo, elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción y el ingeniero civil y ex director general de aguas, Humberto Peña, existe un alto déficit de infraestructura hídrica, tanto en un escenario con calentamiento global como en uno en que no esté considerado.

Lugares como América del Norte tienen una capacidad de almacenamiento de 5.900 metros cúbicos por habitante (m³/hab), mientras que Australia llega a casi 4.800 m³/hab, Brasil a 3.400 m³/hab y México a 1.100, aproximadamente.  ¿Chile? Apenas alcanza unos 425 metros cúbicos por persona.

“En ocasiones, los recursos hídricos pueden ser una oportunidad y en otras, una limitación. Los países industrializados desarrollaron un stock de infraestructura de gran magnitud. La importancia de la gestión evoluciona de acuerdo al desarrollo y al stock de la infraestructura disponible”, dice Peña en relación a las trabas que esta carencia podría causarle a Chile en sus ambiciones de ser “potencia agroalimentaria”.

¿Cuáles son los pilares sobre los cuales sustentar una adecuada infraestructura hídrica? Uno de los objetivos estratégicos para diseñar y construirla tiene que ver con la seguridad que ésta debe otorgar para obtener y utilizar el recurso. Esto es, la existencia de un nivel aceptable de cantidad y calidad de agua considerando la salud, subsistencia, ecosistemas y producción, junto con un nivel aceptable de riesgos para las personas, el medio ambiente y la economía asociados al agua.

El Balance Hídrico de Chile, publicado por la DGA en 1987, señala que en el país hay un caudal medio de 30 mil m³, de los cuales sólo 21 m³ se encuentran en el extremo norte, nueve mil entre las regiones de Atacama y de Los Lagos, y otros veinte mil en las regiones XI y XII. En total, existen 101 cuencas principales y 491 sub cuencas.

Desde Rapel al norte, considera Humberto Peña, no hay excedentes de agua y se augura una disminución de los recursos hídricos entre las regiones de Coquimbo y de Los Lagos, considerando los niveles de sequía presentes en los últimos años y el fenómeno del calentamiento global.

Entre los usos del recurso hídrico, el riego se lleva la mayor parte con un 81%. Esta cifra conlleva un caudal medio de 527 m³/s, que se utiliza en 1,1 millones de hectáreas. De ellas, 790.000 son regadas en forma gravitacional y 304.000, aproximadamente, por riego tecnificado.

Uno de los problemas, considerando la infraestructura para obtener agua, radica en que el riego ha aumentado en aquellas zonas donde hay menor disponibilidad del recurso hídrico. Entre los censos agrícolas de 1996/97 y 2006/2007, el porcentaje de hectáreas regadas aumentó en la Región de Arica y Parinacota en 53%, en la de Atacama en 36%, en la de Coquimbo en 53% y en la de Valparaíso en 25%. La única otra región del país que presentó un alza en la superficie regada es la de Los Lagos, 78%.

“De la Región Metropolitana al norte, la disponibilidad de agua es la principal restricción, lo que produce vulnerabilidad frente a las sequías. En esta zona la infraestructura se ha desarrollado a su máximo potencial, pero hay problemas de gestión. De las regiones Sexta a la Novena, si se tiene una adecuada gestión y se realiza un buen desarrollo de la infraestructura, no habría problemas de agua, pero de todas formas hay problemas locales”, explica Humberto Peña.

BALANCE DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

Para aprovechar los recursos hídricos, se han construido 12.000 canales de regadío con 6.400 captaciones de cauces naturales y que suman 40.000 kilómetros entre la red primaria y secundaria; la mayoría son de tierra y más del 80% tiene una capacidad menor a los 100 l/s. Además, se han levantado 1.180 embalses menores o medianos, y 38 obras de regulación mayores construidas por el Estado, considerando la Laguna del Maule y el Lago Laja. La mayoría de estas obras se construyeron entre la década del treinta y 1973.

En la actualidad, la capacidad de almacenaje de agua en Chile llega a un total de 7.324 hectómetros cúbicos (hm³, millones de m³), considerando regulación y generación hidroeléctrica: entre las regiones XIV y IV hay 1.611 hm³; 374 en las regiones Metropolitana y Quinta; y 5.339 entre las regiones VI y IX. Estas cifras  podrían mejorar en 31 % de capacidad de almacenamiento y en un 19% de superficie actual, con un plan priorizado de 16 embalses medianos y grandes impulsado por el gobierno. Dos tercios de esta capacidad agregada corresponden a los embalses de Punilla y Aconcagua.

De esta manera, según el informe de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), se aumentaría en 1.300 hectómetros cúbicos para llegar a 8.694 hm³, lo que equivale a 504 metros cúbicos por habitante, y se beneficiarían 174 mil nuevas hectáreas. Para ello se necesitaría una inversión de US$ 3.000 millones, la que al ritmo actual de gasto (entre US$ 80 millones y US$ 100 millones al año) se alcanzaría en un plazo de treinta años. A estas capacidades se podrían agregar otros nueve proyectos identificados por la Dirección de Obras Hidráulicas, que agregarían otros 600 hm³, beneficiarían 97 mil hectáreas adicionales y que tendrían un costo de US$ 1.000 millones.

A ellos se les podría sumar otros US$ 1.300 millones para modernizar canales y obras de revestimiento en 300 mil hectáreas. Esto equivale a menos de la mitad de la estimación realizada por la CNR, quien presupuesta que el 60% de la superficie regada del país necesita mejoras en este tipo de obras. Junto con ello, hay que considerar que cada año en Chile se tecnifican 30 mil nuevas hectáreas de riego, con una inversión estimada de US$ 350 millones entre 2008 y 2013.

CARENCIAS DEL SECTOR AGRÍCOLA QUE DIFICULTAN OBRAS

A pesar de que las necesidades de inversión estén cuantificadas, existen diversas carencias en el sector agrícola que atentan contra la implementación de soluciones. Hoy en Chile hay 350.000 titulares de derechos consuntivos, 5.000 organizaciones de usuarios de agua (OUA) y 56 juntas de vigilancia constituidas. “Las OUA son eficientes en su labor básica de mantener la enorme red de canales de distribución, de captar y distribuir los derechos de sus asociados y hacerlo sin conflictos, incluso en estos años de sequía recurrente.  Sin embargo, tienen capacidad limitada para invertir en obras de mejoramiento, por la incapacidad económica de más del 90% de sus asociados”, comenta Patricio Crespo, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura.

Agrega que el sector privado es el que ha realizado más del 80% de la inversión en infraestructura de regadío del país (bocatomas en los cauces, más de 100.000 kilómetros de canales y desagües, miles de marcos partidores, entre otras obras), ejecuta el mantenimiento y limpieza periódica de toda esta infraestructura, y vela por la distribución de los derechos de aprovechamiento de agua. Según el dirigente gremial esto lo hace tanto a nivel de cauces naturales, por medio de las juntas de vigilancia, como en los canales derivados a través de las OUAs, sin costo para el Estado.

Así las cosas, la agricultura, según el dirigente gremial, enfrenta diversos inconvenientes. Al retraso en las inversiones de infraestructura pública y privada se suma la mayor escasez del recurso hídrico y el gran aumento por su demanda, la falta de asistencia financiera a los agricultores para mantener las obras y grandes carencias en la institucionalidad pública para el agro.

Por eso, además de la propuesta de formar consejos de políticas hídricas, tanto a nivel nacional como en las regiones, Patricio Crespo propone el fortalecimiento de un Plan Nacional de Tecnificación y la elaboración de un Plan Nacional de Infraestructura de largo plazo, que podría basarse en los puntos expuestos anteriormente en el informe de la CChC.

LA ACCIÓN DEL GOBIERNO ES FUNDAMENTAL

Es en este contexto que la acción del gobierno para impulsar el adecuado uso de los recursos hídricos es fundamental. En parte, ésta fue la misión encargada a Reinaldo Ruiz, nombrado como delegado presidencial para los recursos hídricos. “La escasez hídrica es más bien estructural, es decir, ya no es una emergencia… Es un tema que llegó para quedarse en el país y, por lo tanto, requerimos de una mirada a más largo plazo, junto con las medidas de urgencia (…) se requieren soluciones de fondo y permanentes”, dijo en un discurso la Presidenta Michelle Bachelet. 

Por eso las autoridades han estado trabajando en una política de recursos hídricos. “Chile debe contar con una política para los recursos hídricos que asigne un nuevo rol al Estado, oriente el rediseño de la institucionalidad pública, incorpore mayores grados de descentralización, una mayor capacidad operativa de los gobiernos regionales y considere poner al día el actual ordenamiento jurídico”, dijo Reinaldo Ruiz en la Conferencia Nacional de Riego y Drenaje organizada hace poco por Redagrícola en asociación con AGRYD (asociación gremial de la industria del riego).

Esta política se sustenta sobre siete ejes, entre los cuales figura el aseguramiento de la calidad y la cantidad de agua, su acceso y disponibilidad, una gestión integrada del recurso hídrico y la modernización de la institucionalidad, entre otros aspectos. El Estado, explicó el delegado presidencial, debe tener un rol más participativo: ordenar territorialmente al país considerando las cuencas hidrográficas, mejorar la información sobre los recursos hídricos, incentivar su uso responsable y tener una mejor coordinación entre sus distintos estamentos.

Siguiendo, en parte, con la línea propuesta por Humberto Peña y la CChC, Ruiz propone construir pequeños y medianos embalses, mejorar y recuperar infraestructura hídrica como la red de canales, realizar recarga artificial de acuíferos, implementar un programa de captación y almacenamiento de aguas no aprovechadas e implementar tecnologías para desalar agua.

En esta política, la Comisión Nacional de Riego es uno de los organismos del Estado que desempeña un rol crítico en la gestión del agua, especialmente en épocas de sequía. Por eso desde su formación ha buscado aplicar en forma adecuada la Ley 18.450 de fomento al riego, con el objetivo de mejorar el abastecimiento en superficies que se riegan en forma deficitaria, incentivar el uso de mecanismos de riego más eficientes y habilitar suelos agrícolas con mal drenaje.

Según anunció su director ejecutivo, Patricio Grez, para este segundo semestre la entidad reforzará sus concursos y realizará once de ellos por un total de 21.300 millones de pesos. Éstos irán destinados a la tecnificación, acumulación, construcción de obras civiles de conducción y drenaje de pequeños y medianos agricultores de todo el país. “Como CNR hemos dicho que hoy tenemos una situación desajustada a las necesidades actuales. De manera transversal, los propios agricultores hablan de tremendas dificultades”, sostiene Grez.

A través de sus diversas políticas y acciones, el gobierno intentará revertir la situación. Los privados, por mientras, continuarán llevándose el peso de algunas inversiones. Pero lo que falta por construir y mejorar todavía es mucho. En el mejor de los casos, en un plazo cercano a los treinta años, podrían agregarse dos millones de metros cúbicos más de embalse. Eso, según lo que plantea el experto en clima Fernando Santibáñez, es apenas dos tercios de lo que sería necesario para contrarrestar el calentamiento global que, a esas alturas, será evidente.