El Gobierno colombiano anunció un paquete de medidas en defensa de la producción nacional de arroz paddy verde, en desarrollo de un plan de choque previamente informado y tras un proceso de diálogo con productores de distintas regiones del país. 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural señaló que las decisiones responden a encuentros sostenidos con distritos de riego y organizaciones del sector arrocero, así como con la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, en un contexto de presión sobre los precios y la comercialización de la cosecha del primer semestre del año.

Una de las decisiones centrales es la imposición de un arancel del 30% al arroz y sus subproductos provenientes de Ecuador, junto con la restricción total del ingreso por vía terrestre. 

El Ministerio explicó que la medida se adopta “en reciprocidad por las medidas arancelarias unilaterales adoptadas por el gobierno de Ecuador” y fue solicitada de manera expresa por la cartera agropecuaria. 

Estas disposiciones hacen parte de un decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que se encuentra en periodo de comentarios ciudadanos antes de su expedición definitiva.

En paralelo, el Gobierno mantuvo y ajustó el régimen de libertad regulada de precios del arroz paddy verde, vigente desde el semestre anterior, con modificaciones orientadas a la cosecha del primer semestre de 2026. 

NUEVAS DISPOSICIONES EN DEFENSA DEL PRODUCTOR 

Según el Ministerio, los cambios incorporan nuevas disposiciones en defensa del productor, al redefinir el precio base del arroz paddy verde, establecer un precio base para el arroz paddy seco y fijar precios base y máximos para los servicios de secado, trilla y almacenamiento. 

También se determinó un precio mínimo que debe reconocerse al productor por los porcentajes de grano partido descontado en el proceso industrial.

El Gobierno informó además la publicación de un proyecto de resolución para crear un apoyo directo a pequeños y medianos productores, condicionado a la disponibilidad presupuestal y al logro de acuerdos verificables dentro de la cadena. 

De acuerdo con el Ministerio, la eventual implementación de este instrumento dependerá de que la industria molinera y los gremios representativos alcancen consensos que permitan la absorción de la cosecha nacional “en condiciones justas, sostenibles y compatibles con el interés general”.